Por: Angélica Bravo
En política suele reconocerse más al gobernante que apaga incendios que al que evita que comiencen. Sin embargo, la verdadera prueba de un gobierno está en su capacidad para anticiparse a las crisis. En una entidad como Puebla, donde la temporada de lluvias representa año con año un riesgo para cientos de comunidades, la prevención no es un lujo administrativo, sino una obligación de gobierno.
Los acontecimientos de los últimos días han puesto nuevamente ese desafío sobre la mesa. Tras las intensas lluvias registradas en la región de Ciudad Serdán y la Sierra Norte, el gobernador Alejandro Armenta realizó recorridos por tierra y aire para supervisar personalmente las zonas afectadas y anunció un plan que contempla obras de mitigación, estudios técnicos para reducir riesgos y la reubicación de viviendas asentadas en áreas vulnerables.
La decisión resulta especialmente relevante porque las autoridades estatales han advertido que entre julio y octubre se prevé una temporada con una elevada actividad ciclónica. La Coordinación General de Protección Civil informó que podrían desarrollarse hasta 36 sistemas tropicales entre ambos océanos, lo que incrementa la probabilidad de lluvias intensas en territorio poblano. La experiencia de años recientes demuestra que ignorar estos pronósticos tendría consecuencias humanas y económicas considerables.
Durante años, la protección civil fue vista como un asunto secundario, activado únicamente cuando la tragedia ya había ocurrido. Hoy el reto consiste precisamente en cambiar esa lógica: monitoreo permanente, recorridos en campo, atención a comunidades vulnerables y presencia institucional antes de que los daños sean irreversibles.
Naturalmente, ningún gobierno puede controlar la fuerza de la naturaleza. Lo que sí puede hacer es reducir los riesgos mediante planeación, coordinación y capacidad de respuesta. Ahí es donde comienza a medirse la eficacia de una administración.
En sus recientes mensajes, el gobernador ha señalado que la prioridad es proteger la integridad de las familias poblanas mediante la coordinación entre dependencias estatales, municipios y autoridades federales para responder a cualquier contingencia, particularmente en la Sierra Norte, una de las regiones con mayor vulnerabilidad ante deslaves e inundaciones. Más allá del discurso político, la coordinación institucional es uno de los factores que los especialistas consideran determinantes para disminuir el impacto de los desastres naturales.
También es importante reconocer que la presencia del titular del Ejecutivo en las zonas afectadas tiene un efecto político y administrativo. No sustituye el trabajo técnico de ingenieros, especialistas o brigadistas, pero sí envía un mensaje de que las decisiones se toman con información de primera mano y no únicamente desde una oficina en la capital del estado. La supervisión directa permite acelerar la evaluación de daños y definir prioridades presupuestales.
Otro aspecto que merece atención es el anuncio de obras preventivas y posibles reubicaciones de viviendas ubicadas en zonas de alto riesgo. Se trata de medidas que suelen ser impopulares porque implican modificar dinámicas comunitarias, pero que, cuando están sustentadas en estudios técnicos y acompañadas por apoyos adecuados, pueden evitar pérdidas irreparables en el futuro.
Por supuesto, el éxito de cualquier estrategia no deberá medirse por el número de conferencias de prensa ni por la cobertura mediática de los recorridos oficiales. El verdadero balance llegará al término de la temporada de lluvias, cuando pueda evaluarse si las acciones preventivas lograron reducir afectaciones, proteger infraestructura y salvaguardar vidas. La ciudadanía tiene derecho a exigir resultados verificables.
Siempre habrá voces críticas —y es sano que existan— que exijan resultados concretos. La mejor respuesta no son los discursos, sino la continuidad del trabajo en territorio, la transparencia en la información y la evaluación permanente de las acciones emprendidas.
Gobernar implica tomar decisiones incluso cuando todavía no existe una emergencia visible. Si las medidas preventivas funcionan, probablemente nunca sabremos cuántos problemas lograron evitarse. Y esa, paradójicamente, puede ser la mejor noticia para Puebla. Porque en materia de protección civil, el mayor éxito de un gobierno no consiste en reconstruir después del desastre, sino en impedir que el desastre cobre vidas y destruya el patrimonio de miles de familias.
