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El gobierno de Biden quiere demostrar que está tomando medidas ante el agravamiento de la crisis de los opioides en Estados Unidos, que ha provocado más de 100,000 muertes por sobredosis en el país hasta abril de 2021, un 28% más que en el mismo periodo del año anterior.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó el miércoles dos órdenes ejecutivas destinadas a combatir el tráfico de drogas y las redes criminales, que permiten nuevas sanciones a empresas chinas que comercian ingredientes para elaborar fentanilo y a bandas criminales en Brasil, Colombia y México.
En un comunicado, el Departamento de Estado estadounidense emitió un comunicado donde informa sobre el ofrecimiento de esta recompensa para quien colabore con información que lleve al arresto o condena de los cuatro hijos de “El Chapo”, exlíder del Cártel de Sinaloa, es decir, Ovidio Guzmán López, Iván Archivaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar y Joaquín Guzmán López.
La recompensa, de acuerdo con el documento aplica para cada uno de los señalados: “Los cuatro son miembros de alto rango del Cartel de Sinaloa y cada uno está sujeto a una acusación federal por su participación en el tráfico ilícito de drogas”.
El gobierno de Biden quiere demostrar que está tomando medidas ante el agravamiento de la crisis de los opioides en Estados Unidos, que ha provocado más de 100,000 muertes por sobredosis en el país hasta abril de 2021, un 28% más que en el mismo periodo del año anterior, según datos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC).
El Departamento del Tesoro estadounidense detalló que sancionó a 25 entidades e individuos bajo nuevas facultades otorgadas en las órdenes ejecutivas que le permiten apuntar a aquellos que se benefician de los ingresos del tráfico, independientemente de cualquier vínculo directo con capos o cárteles de la droga conocidos.
En Brasil, el Tesoro impuso sanciones financieras a Primeiro Comando Da Capital, o PCC, que nació en las cárceles de Sao Paulo a principios de la década de 1990 y ahora es considerada la organización criminal más poderosa de Brasil, ayudando a inundar Europa con cocaína.
La incorporación de PCC a la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sigue a los movimientos realizados en 2019 por el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional para agregar silenciosamente a miembros sospechosos de PCC a una lista de organizaciones no elegibles para una visa estadounidense.
El Tesoro también se ha centrado en una lista de capos de la droga, cárteles y pandillas en México y Colombia.
Las sanciones niegan a las entidades designadas el acceso a transacciones en dólares estadounidenses y congelan cualquier activo que puedan tener en Estados Unidos. Pero los grupos del crimen organizado en los últimos años se han estado cambiando a los criptoactivos y otros métodos para evitar el sistema financiero de estadounidense.
Para combatir el tráfico de drogas, el Tesoro se basó anteriormente en la Ley de cabecillas de narcóticos extranjeros de 1999 y una orden ejecutiva anterior de 1995 que se basaba en estructuras de cárteles más tradicionales con líderes más fácilmente identificables. La nueva estructura permite que el Tesoro se dirija a una gama más amplia de individuos, como aquellos que reciben bienes derivados del tráfico de drogas.
“El narcotráfico actual ya no se basa en cultivos que requieren una gran superficie, sino en materiales sintéticos y precursores químicos”, dijo uno de los funcionarios estadounidenses a periodistas.
“Los cárteles operan de una manera más difusa y descentralizada, lo que dificulta nuestra capacidad para elaborar paquetes de sanciones integrales contra los narcotraficantes”, agregó.
Una segunda orden ejecutiva de Biden crea un nuevo consejo interinstitucional sobre el crimen organizado transnacional para mejorar la cooperación entre los departamentos de Justicia, Defensa, Seguridad Nacional, Tesoro y Estado y la Oficina de Inteligencia Nacional.
Su objetivo es mejorar las comunicaciones entre las comunidades de inteligencia y aplicación de la ley y el sector privado para identificar y apuntar a las redes delictivas, según una hoja informativa de la administración.
