Diario Sin Secretos / J.Antonio Cuéllar M.
Los críticos de Tonatzin Fernández, minimizan sus actos de gobierno y logros, aunque los hechos reflejan avances En San Pedro Cholula.
Cuando inició el gobierno municipal, el escenario era complejo, problemas de deuda económica, inseguridad, malos servicios y nula presencia de programas sociales, que reflejaba el poco trabajo de anteriores autoridades.
Tonatzin Fernández, ha ha hecho frente a las necesidades de la gente -cabecera municipal y juntas auxiliares- atendiendo tema de baches, recolección de basura, alumbrado público, entre otros, y de paso hacer trabajo de territorio para mantener cercanía con la gente.
Resultado a la vista, es la tendencia a la baja de la incidencia delictiva. De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado de Puebla en marzo de 2026, se registró una disminución del 10 por ciento en los delitos en comparación con el mismo mes de 2025.
Se contabilizaron 173 delitos en San Pedro Cholula, mientras que en marzo de 2025 fueron 192 casos, una reducción de 19 ilícitos.
En delitos contra la vida y la integridad corporal, se reportaron 16 casos en total, entre ellos dos homicidios (uno doloso) y tres lesiones.
En delitos contra la libertad personal, las cifras se mantuvieron en cero, reflejando una disminución.
Respecto a los delitos contra el patrimonio, también hubo una baja significativa, de 128 casos en 2025 pasó a 97 en 2026. De estos, 64 correspondieron a robos, entre los que destacan: 7 robos a casa habitación, 26 robos de vehículo automotor, 6 robos de motocicleta y 3 robos de autopartes, entre otros.
Se iniciaron 10 carpetas de investigación por robo en vía pública, en su mayoría con violencia. No se reportaron robos en transporte público individual, aunque sí 2 casos en transporte público colectivo, así como 7 robos a negocios.
El delito de fraude pasó de los 6 casos en marzo de 2025, a 20 en 2026, mientras que la violencia familiar también aumentó.
La alcaldesa mantiene una lucha permanente contra la corrupción, por lo cual se realiza una evaluación permanente de funcionarios y empleados, todo con el propósito de transparentar los actos de su gobierno.
