Sin Secretos / Angélica García Muñoz
En el corazón de Puebla, donde las torres de cristal de Lomas de Angelópolis se alzan como monumentos a la opulencia, late una herida histórica que no cierra. Hace tres décadas, en 1991, el entonces gobernador Mariano Piña Olaya, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), firmó un decreto que cambió el destino de más de mil hectáreas de ejidos de San Andrés Cholula, con el pretexto de crear la Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl.
Para “ordenar” el crecimiento urbano, se expropiaron tierras a campesinos a precios de miseria: 2 o 3 pesos por metro cuadrado. Esas tierras, trabajadas por generaciones, fueron entregadas a consorcios inmobiliarios como Grupo Proyecta, que las transformaron en fraccionamientos de lujo, acumulando fortunas que contrastan con la pobreza de los despojados.
Hoy, el gobernador Alejandro Armenta, emanado de Morena y la Cuarta Transformación, ha puesto el dedo en esa llaga. Su exigencia de que Grupo Proyecta done dos hectáreas para construir viviendas dignas para policías estatales —un sector que, con el 50% de sus 14,000 elementos sin hogar propio, encarna la precariedad de quienes protegen Puebla— ha desatado un coro de lamentos entre los empresarios. Lo llaman “amenaza”, “extorsión”, pero lo que Armenta plantea no es más que un deber social: que quienes se enriquecieron con el sudor y la tierra del pueblo devuelvan, aunque sea una fracción, de lo que tomaron.
Un despojo que huele a Porfiriato
La expropiación de los 90 no fue un acto aislado, sino parte de una ola neoliberal que, bajo el manto del “progreso”, desmanteló los ideales de la Revolución Mexicana. Mientras el PRI, en su apogeo, pavimentaba el camino para el Tratado de Libre Comercio, que entró en vigor en 1994. En ese entonces era presidente e México Carlos Salinas de Gortari,
Los ejidatarios de Santa Clara Ocoyucan y San Antonio Cacalotepec veían sus ejidos reducidos a escrituras apócrifas y promesas vacías. Grupo Proyecta, con astucia y presunta complicidad de autoridades, convirtió esas tierras en Lomas de Angelópolis, un oasis de plusvalía donde el metro cuadrado hoy supera los 20,000 pesos. ¿Qué recibieron los ejidatarios? Nada más que el eco de su despojo.
Este episodio recuerda las haciendas del Porfiriato, cuando los terratenientes acaparaban tierras comunales con la venia del poder. La Revolución de 1910, con Zapata al frente, gritó “la tierra es de quien la trabaja”, pero un siglo después, consorcios como Grupo Proyecta parecen haber olvidado esa lección. Sus desarrollos, blindados por muros y casetas de vigilancia, son un símbolo de la desigualdad que la 4T de Morena busca combatir: un México donde el 1% vive en palacios mientras el resto lucha por un techo.
¿Por qué lloran los consorcios?
Cuando Armenta dio un ultimátum de 30 días para la donación, con la advertencia de expropiar cuatro hectáreas si no se cumple, los empresarios de Grupo Proyecta y sus aliados encendieron las alarmas. En redes sociales y columnas afines, claman ser víctimas de un “ataque al libre mercado”. Pero, ¿qué libre mercado? El suyo no nació de la competencia justa, sino de un despojo orquestado por el poder político y gubernamental de antaño. Lloran porque, por primera vez en décadas, alguien les exige rendir cuentas.
Su resistencia no es solo económica, es ideológica. Para estos consorcios, devolver algo al pueblo es una afrenta a su privilegio. Las dos hectáreas que Armenta pide son una gota en el océano de las miles que controlan, pero aceptarlas sería reconocer que su riqueza tiene raíces turbias. Prefieren el victimismo, acusando al gobierno de “populista” o “autoritario”, antes que asumir su deuda social con una Puebla que les abrió las puertas para hacerse ricos.
Y ricos son. Lomas de Angelópolis no es solo un fraccionamiento; es una máquina de generar plusvalía, alimentada por la Vía Atlixcáyotl y la especulación inmobiliaria. Incluso la reubicación de la caseta de cobro, anunciada por Armenta para aliviar el caos vial, podría aumentar el valor de sus propiedades. ¿Dónde está entonces el sacrificio? Los empresarios no pierden; solo se les pide compartir una migaja de lo que acumularon.
La 4T y el humanismo mexicano.
La exigencia de Armenta no es un capricho, sino un reflejo del humanismo mexicano que Morena proclama. La Cuarta Transformación, con su énfasis en los olvidados, busca reparar las fracturas de un país donde el neoliberalismo PRIANista favoreció a unos pocos a costa de muchos. Los policías, que arriesgan la vida por salarios de 12,000 pesos al mes y sin vivienda digna, son un símbolo de esa deuda. Dotarlos de un hogar en una zona como Lomas de Angelópolis no solo les daría estabilidad, sino un mensaje claro: el estado los valora.
Pero este gesto va más allá de los policías. Es un desafío a la lógica de los consorcios que, como en el Porfiriato, ven la tierra como mercancía y no como patrimonio colectivo. La amenaza de expropiación, legal bajo la Ley de Expropiación por utilidad pública, es un recordatorio de que el poder del estado puede y debe servir al pueblo, no a las élites. Si Grupo Proyecta se niega, Armenta tiene la oportunidad de sentar un precedente: que nadie está por encima de la justicia social.
Un llamado a la memoria
Puebla no olvida. Los ejidatarios que perdieron sus tierras en los 90, los policías que patrullan sin un hogar propio, las familias que ven los fraccionamientos de lujo como un sueño inalcanzable: todos son testigos de una historia de desigualdad que debe cambiar. Grupo Proyecta no es el único culpable, pero es un símbolo de lo que está mal. Su riqueza, construida sobre el despojo, no les da derecho a eludir su responsabilidad.
Que dejen de llorar. Que escuchen el latido de una Puebla que les dio todo y ahora pide lo justo: un pedazo de tierra para quienes la sostienen. Porque, como decía Zapata, la tierra no es de quien la compra con trampas, sino de quien la defiende con dignidad. Armenta, con su ultimátum, ha abierto la puerta para que ese principio, al fin, se haga realidad.
