El juez Martín Santos, juez Octavo de Distrito, ordenó al presidente Andrés Manuel López Obrador, realizar cualquier ataque contra Xóchitl Galvez; EL desacato es delito que podría derivar en cárcel.
Asimismo, prohibió a las autoridades hacendarias difundir cualquier información fiscal, bancaria o empresarial de Galvez.
El gobierno federal puede impugnar la suspensión definitiva ante un tribunal colegiado, aunque las revisiones toman por lo general de dos a tres meses, y mientras tanto la orden del juez se tiene que acatar.
La suspensión definitiva ordena a López Obrador y funcionarios de la Presidencia que «se abstengan de seguir llevando a cabo cualquier manifestación, declaración, comunicado o publicación que aluda a la quejosa en su persona, su situación financiara, fiscal, empresarial, bancaria o cualquier tipo de aspiración política o personal que pudiera tener».
«Se abstengan la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Servicio de Administración Tributaria, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de proporcionar información sobre la situación financiera, fiscal, empresarial y Bancaria de la quejosa, sino es solicitada de acuerdo a la legislación aplicable», es otro efecto de la suspensión.
También se deben eliminar de todas las plataformas y redes sociales de la Presidencia las declaraciones y comunicados sobre Gálvez, en particular los transmitidos del 3 al 5, el 7 y el 14 de julio.
Con información de Reforma
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