El comunicado del 1 de agosto de 2026 del gobernador Alejandro Armenta es claro: los cuerpos de seguridad tienen garantizado el acceso a una vivienda digna. Se habla de predios concretos —tres hectáreas donadas en Lomas de San Miguel, el predio La Ciénega recuperado tras 34 años en manos del FOVISSSTE para 512 viviendas, y seis hectáreas en Ciudad Maderas—, más convenios con INFONAVIT para incorporar a quienes no cotizaban y facilidades para entrar al ISSSTEP. La meta federal de 45 mil viviendas en Puebla puede subir a 60 o 70 mil si hay tierra suficiente. Datos duros, no promesas sueltas.
Durante al menos 12 años esa oportunidad no existió. Un bombero estatal lo dijo sin rodeos en noviembre de 2025, cuando se entregaron más de 110 millones de pesos en paquetes de mejoramiento: “En 12 años, ninguna autoridad se había preocupado por nosotros”. En ese lapso gobernaron Rafael Moreno Valle, José Antonio Gali, Martha Érika Alonso, los interinos Rodríguez Almeida y Pacheco Pulido, Miguel Barbosa y Sergio Salomón Céspedes. Muchos elementos se jubilaron o envejecieron pagando renta.
No se trata de inventar héroes ni de pintar el pasado de negro por deporte. Simplemente no hubo programas prioritarios de vivienda propia o dignificación habitacional de esta escala para policías, bomberos, guardias forestales y protección civil. Los créditos generales de INFONAVIT o FOVISSSTE existían, pero para quienes no cotizaban o percibían salarios bajos el acceso real era casi nulo.
Ahora el gobierno estatal pone predios sobre la mesa y abre esquemas de incorporación. Eso es un cambio de rumbo. Pero el anuncio de agosto de 2026 no cierra el capítulo. Falta que las casas se construyan, se entreguen y se escrituren. La prueba estará en los hechos de los próximos años, no en los comunicados.
Se espera que al terminar el sexenio esa deuda histórica quede saldada. No por un acto de caridad, sino porque asegurar de manera digna y honesta un mejor nivel de vida y seguridad para los elementos y sus hijos es también una forma de combatir la corrupción al interior de los cuerpos policiales. Quien tiene un patrimonio propio y la tranquilidad de que su familia no vive al día tiene menos incentivos para buscar atajos ilegales.
Puebla no puede seguir teniendo a quienes arriesgan la vida en la calle viviendo de renta de por vida. El comunicado marca el inicio. El cierre debe llegar antes de que termine la administración.
