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Martes, 19 Septiembre 2017 04:27

Feminicidios ponen al gobierno de Antonio Gali contra la pared

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Feminicidios ponen al gobierno de Antonio Gali contra la pared Foto Especial
Diputada Silvia Tanùs, pide a Comisiòn de Derechos Humanos demande a la Federaciòn alerta de gènero para Puebla.
 
18 de Septiembre de 2017

 

Diario Sin Secretos

Angélica García Muñoz

 
 
Los arteros asesinatos de la estudiante de la UPAEP Mara Fernanda Castilla, como el de muchas poblanas, tienen al gobierno contra la pared. Son 58 los feminicidios registrados por las autoridades oficiales en lo que va de 2017.
Y la cifra se queda corta en comparación con los 82 casos que señala el Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos –Odesyr-, independientemente de los feminicidios de años anteriores, que podrían alcanzar la cifra de 200, del 2013 al 2016.
 De todos los casos, la Fiscalía del Estado, está obligada a dar un informe pormenorizado de cuántos reconoce oficialmente y de ésos cuántos se han resuelto.
Las exhortaciones de líderes religiosos, y las protestas públicas de jóvenes universitarios de Puebla, y padres de familia, para que haya mayor seguridad, es sinónimo del malestar que priva en la sociedad por la ola delictiva, y principalmente por la violencia contra las mujeres, lo cual obliga a las autoridades estatales a redoblar los esfuerzos.
Esto conlleva, no solo a clausurar el antro The Bronk, de donde salió Mara Castilla; o quitar la concesión a la empresa Cabify, por no garantizar la seguridad a la estudiante por tener empleado a un chofer señalado como el presunto culpable del homicidio, sino que debe ir más allá, como implementar medidas que busquen ante todo un mayor clima de seguridad en los establecimientos donde se divierten los jóvenes, o que el transporte público sea más seguro; o implementar acciones con otras instancias oficiales para prevenir la trata de mujeres.
En los antros podría regularse la venta de bebidas alcohólicas; o la supervisión para la no distribución de drogas.
Llama la atención que fue el Congreso del Estado,  durante el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas, el que aprobó la concesión para la operación de las empresas Cabify y Uber - de servicio de transporte ejecutivo- pero cuyas unidades operan sin garantizar seguridad a los usuarios.
El señalamiento del gobernador Antonio Gali Fayad, en el sentido de que el caso de Mara Castilla no está cerrado, abre la esperanza de la sociedad para que la Fiscalía General del Estado ahonde en las investigaciones y se atienda una demanda sentida, que es la aplicación de la justicia.
Y a propósito de una exigencia planteada por la sociedad como que Puebla solicite una alerta de género, la diputada local Silvia Tanús Osorio, entregó oficio a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, pidiendo su intervención para hacer el trámite respectivo ante la Federación, y que ésta exigencia sea aplicada por lo menos en Puebla capital y la zona metropolitana.
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